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En 2010 se incautaron más de 9 millones de Objetos falsificadosLas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollaron 3.410 intervenciones y detuvieron a 3.512 personas por delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual en el año 2010. Asimismo, incautaron más de 9,5 millones de objetos valorados en más de 461 millones de euros. Estos son los principales datos del balance de las intervenciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil contra la piratería industrial e intelectual publicado por el Ministerio del Interior en colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Ministerio de Cultura y la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (Andema), asociación adscrita al Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Del total de las intervenciones realizadas, el 54% corresponde a productos que se encuadran dentro de la Propiedad Industrial, y el resto (46%) contra Propiedad Intelectual. El estudio se refiere, exclusivamente, a la mercancía intervenida, no incluyéndose el perjuicio económico derivado de la explotación en Internet de derechos de Propiedad Intelectual no autorizados por los titulares de los citados derechos. La valoración total de la mercancía intervenida ha aumentado un 5,3% respecto a 2009 (461 millones de euros en 2010 frente a 438 millones el año anterior). Por comunidades autónomas, Andalucía y Madrid lideran el número de intervenciones totales realizadas. Por sectores, el más perjudicado fue el de la marroquinería (28,18% del total), textil (14,4%) y juguetes (13,2%). Si bien el textil y la marroquinería son sectores tradicionales en este ámbito, es importante tener en cuenta el incremento que se ha producido en el sector juguetes, en el que el peso de las falsificaciones es cada vez mayor con los consiguientes peligros que se producen para la salud y la seguridad. Lucha contra estos delitos
Por su parte, las vulneraciones de derechos de Propiedad Intelectual en el ámbito físico y digital en España generan cuantiosas pérdidas al sector de las industrias culturales con la consiguiente destrucción de empleo y riqueza de un sector que genera cerca del 4% del Producto Interior Bruto español. Asimismo, la competencia desleal que supone este tráfico ilegal de contenidos no sólo dificulta las posibilidades de desarrollo de nuevos modelos de negocio, sino que también afecta a agentes claves en el mundo de las industrias culturales, dificultando la producción y creación musical, audiovisual, literaria o multimedia, y perjudicando con ello el ejercicio del derecho a comunicar o recibir libremente nuevas creaciones. Para más información, pinchar aquí.
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