El peligroso ciclo de las falsificaciones

1. Impacto de las infracciones de la propiedad industrial

Los delitos de propiedad industrial se refieren a la infracción de los derechos de propiedad industrial debidamente registrados ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM), con conocimiento de estar llevando a cabo una infracción, con intención de infringir el derecho registrado y con fin de lucro. Dicha forma de infracción se denomina en lenguaje común como falsificación. La trascendencia de las falsificaciones radica en que se vulneran las funciones de identificación y de garantía que suponen los derechos de propiedad industrial, fundamentalmente la marca. Con gran frecuencia, no son infracciones aisladas, sino que las cometen grupos delictivos organizados, que también actúan en otras áreas de delitos graves.

Estos delitos causan daños económicos y menoscaban la reputación de las empresas legítimas, dando lugar a graves pérdidas no sólo para las empresas, sino también a una pérdida sustancial de ingresos fiscales. Más importante aún, los productos falsificados pueden representar una seria amenaza para la salud y la seguridad de los consumidores.

2. Vínculos con la delincuencia organizada

Existe una creciente evidencia de la participación de grupos del crimen organizado en la violación de los derechos de propiedad industrial, al tratarse de delitos cuya comisión sale prácticamente indemne. También del vínculo entre los delitos contra la propiedad industrial y otros delitos, como el tráfico de drogas, la explotación laboral, el ciberdelito tradicional, el fraude documental y el blanqueo de capitales, con un alto retorno de la inversión y un castigo relativamente más leve (penas de prisión más cortas, multas más bajas) en comparación con otras actividades ilícitas. Es por ello por lo que la última reforma del Código Penal español en esta materia elevó el volumen de las penas, graduando las conductas infractoras en función de su gravedad. En el escalón más grave, la pena prevista (3 años) permite utilizar instrumentos europeos de persecución del delito, como la Orden Europea de Detención y Entrega y la utilización de la figura del Agente Encubierto entre otros.

Todo lo anterior, con la finalidad de posibilitar la persecución de estas mafias organizadas.

3. Protección de la salud y la seguridad de los ciudadanos

Los productos falsificados (como juguetes, alimentos / bebidas, cosméticos, plaguicidas, además de los productos farmacéuticos falsificados) presentan graves riesgos para la salud y la seguridad de los ciudadanos, ya que no siempre cumplen con las normas de calidad y seguridad y pueden contener ingredientes o componentes peligrosos. Los medicamentos para tratar enfermedades graves son propensos a la falsificación, con consecuencias potencialmente mortales para los pacientes.

La pandemia de COVID-19 está brindando más oportunidades para los grupos del crimen organizado que se dedican a la fabricación y distribución de productos falsificados. Estos grupos flexibles aprovechan la mayor demanda de productos relevantes como equipos de protección personal y kits de prueba. Se aprovechan de la incertidumbre de los ciudadanos sobre los tratamientos y vacunas emergentes. Además, los encargados de hacer cumplir la ley no solo se enfrentan a vacunas, desinfectantes y mascarillas falsificadas, sino que también deben tratar la corrupción, el robo, las estafas y otros fraudes relacionados.

4. Protección de las empresas frente a pérdidas económicas

Los delitos contra la propiedad industrial suponen un costo importante para la economía y la sociedad. Tiene un impacto en los intereses legítimos de los operadores económicos, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y obstaculiza la igualdad de condiciones en el mercado.

5. Deterioro del medio ambiente

El daño ambiental puede resultar de la producción, uso y eliminación de productos falsificados, p. ej. pesticidas y productos químicos falsos. Una iniciativa de aplicación para abordar este problema es la operación Silver Axe, coordinada por EUROPOL, que comenzó en 2012 y ahora incluye a casi 30 países en todo el mundo. Desde su lanzamiento, las autoridades han incautado 1.222 toneladas de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes ilícitos y falsificados.

Debido a sus vínculos con el crimen organizado, para garantizar la protección de la salud y la seguridad de los ciudadanos, salvaguardar a las empresas de pérdidas económicas y ayudar a la recuperación económica posterior a la pandemia, es importante que la propiedad industrial esté protegida y que los delitos contra la propiedad industrial sean reconocidos como una prioridad.